Red Acoge ha pedido que se respeten los derechos fundamentales de las personas inmigrantes en situación irregular y ha alertado de que las vulneraciones de las leyes que obligan a un consistorio a empadronar a un extranjero, son frecuentes en algunos municipios. Asegura que la documentación requerida en estos "va más allá de la estipulada legalmente" y que "se imponen restricciones por las características de la vivienda".
La ONG se ha mostrado contraria a estas actuaciones, tras las informaciones surgidas sobre las trabas de algunos ayuntamientos al empadronamiento de inmigrantes ilegales, y ha advertido de que éstas "sirven de base para la radicalización del debate sobre la realidad migratoria, lo que puede ocultar actitudes racistas y xenófobas que, además van en contra de las legislaciones internacionales y nacionales de respeto a los derechos humanos".
La organización recordó que la función principal del padrón es constatar el hecho de la residencia para que el municipio, en base al tamaño de su población, pueda desarrollar sus políticas locales y ofrecer los servicios necesarios a la población. Para Red Acoge, hacer invisible a un colectivo como el de las personas inmigrantes en situación irregular "es un ataque a la construcción de una convivencia respetuosa entre todos los vecinos de un municipio y tiene una clara repercusión en el fomento de actitudes discriminatorias hacia las personas extranjeras".
Además, la negativa de empadronar supone la negación del acceso a los derechos fundamentales de educación y sanidad, ya que tanto para la obtención de la tarjeta sanitaria individual como para la matriculación de un menor en un centro escolar, se requiere el certificado de empadronamiento. Toda esta situación, según la ONG, "conllevará un aumento generalizado de situaciones de vulnerabilidad en el colectivo inmigrante, y por tanto, un alejamiento sustancial del objetivo de cohesión social al que todo país debe aspirar".
Fuente: Consumer Eroski
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