CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LA VENTA DE CASAS

Uno de cada tres contratos de compraventa de vivienda en Andalucía (35%) incluye algún tipo de cláusula abusiva para el consumidor, como imponer al comprador el pago de plusvalías o los gastos que corresponden legalmente al vendedor, impedir al usuario la libre elección de notario o que se prevea un plazo de entrega de la vivienda sin fijar una fecha cierta. Así se desprende de la campaña de inspección sobre la información en la compraventa y arrendamiento de viviendas realizada en 2009 por la Consejería de Salud a través de la Dirección General de Consumo. La consejera de Salud, María Jesús Montero, indicó ayer que, además, en uno de cada dos casos estudiados (49%) se ha detectado algún tipo de infracción de la normativa que protege al consumidor. Sin embargo, los incumplimientos se han reducido en 18 puntos respecto a la campaña de 2006.

Según Moreno, la reducción coincide con la puesta en marcha del nuevo Reglamento de Información al Consumidor en la Compraventa y Arrendamiento de Viviendas, que obliga desde hace tres años a las inmobiliarias y promotoras a tener a disposición del público un documento estandarizado con información clara y precisa sobre las características del inmueble y sobre las condiciones económicas de la oferta.

La campaña de inspección de Consumo en 2009 ha puesto de relieve que de las promociones de viviendas en las que se recogen cantidades a cuenta, el 26%, es decir, la cuarta parte de ellas, no estaba avalada o asegurada individualmente para cada comprador, si bien en 2008 este porcentaje fue el 44%. Además, el 5% de los casos los contratos de compraventa incluyen cláusulas que facultan al vendedor al incremento del precio final pactado.

La Junta abrió en 2009 unos 400 expedientes sancionadores en materia de vivienda que han supuesto más de 2,2 millones de euros en multas. El sector de la vivienda, con 1.270 reclamaciones, ocupa el sexto lugar en cuanto a las quejas recibidas en los servicios de consumo de la Junta, por detrás de los servicios esenciales, los servicios de comunicaciones, el comercio minorista, los transportes y las entidades financieras.

Fuente: El País